Crímenes de lesa humanidad
En su auto, Baltasar Garzón se hace eco de otro estudio más reciente, “El Caso de los Niños Perdidos del Franquismo. Crimen contra la humanidad", de Miguel Ángel Rodríguez (Ed. Tirant Lo Blanc, 2008). Su autor sostiene su relato en la reciente condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la dictadura franquista, suscrita el pasado 17 de marzo de 2006 y que supuso el primer reconocimiento internacional del denominado caso de los niños perdidos, que se prolongaría hasta los años 50 pero cuya existencia fue silenciada por la Ley de la Memoria Histórica. En su investigación, Rodríguez insiste en “la calificación jurídica de estas conductas como crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, en su modalidad agravada infantil, - su marcado carácter de género corno represalia, aún vigente, a toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia, o la injerencia en la vida privada y familiar de estas personas y en su derecho de educar a sus hijos conforme a sus creencias, por parte del nacionalcatolicismo obligatorio, entre otras cuestiones de insospechada actualidad -, así como el análisis de los incumplidos deberes de España de: a) interrumpir la consumación permanente de estos crímenes revelando el paradero de los niños tomados en su día bajo la tutela del Estado, b) dar normal cumplimiento a las obligaciones internacionales de reparación e indemnización, en todas sus formas, a familiares y niños perdidos localizados, pero también a los familiares de los aún sin localizar por omisión de las funciones del Estado, y c) enjuiciar a todos los responsables de estos crímenes internacionales no prescritos en virtud del mismo legado de Nuremberg que, todavía hoy, continua llevando a los tribunales a los últimos fugitivos nazis”.
Profesor e investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, Rodríguez contó con el respaldo expreso de la asociación Jueces para la Democracia que urgen a confeccionar un listado de todos ellos: “Es muy lamentable que el Estado español no haya realizado actividades claras de averiguar qué pasó con las víctimas del franquismo, y entre ellas muy especialmente con los hijos de presas, de trabajadores no afectos al régimen franquista o aquellos que de una u otra manera se les privó de su derecho al nombre, a su filiación, a saber quienes eran. Poco o nada se ha hecho en ese sentido y creemos que ha sido por la deficiente transición política que se hizo tras la muerte del dictador”, ya había declarado Miguel Angel Jubero, Magistrado Presidente de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y Portavoz de dicha Asociación de Jueces.
A partir de dicho ensayo, Garzón denuncia ahora todo un entramado de acciones y organismos, responsabilizando especialmente al Servicio Exterior de Falange. Así, toma como punto de partida el cierre en abril de 1942 de los centros de refugiados republicanos en Francia, por orden del gobierno colaboracionista de Vichy. Mientras los adultos eran enviados a los campos de concentración de Mauthausen o Auschwitz, muchos de sus hijos fueron retornados a España donde, al estar sus progenitores encarcelados, muertos o desaparecidos, ingresaron en hospicios de Auxilio Social similares a los que Carlos Giménez describía en su cómic “Paracuellos”. Entre las páginas 69 y 72 del auto, Garzón subraya que las autoridades franquistas “actuando de forma clandestina consiguieron que muchos de los niños, no reclamados o con sus progenitores en prisión, fueran reacomodados y no tuvieran la posibilidad de conocer sus señas de identidad auténticas”.
“Una gran mayoría de 'recuperados' y que según el documento, lo eran sin que mediara reclamación de las familias, no fue reintegrada a las mismas, especialmente si se tiene en cuenta el criterio de la legislación y normas dispuestas sobre la idoneidad de las familias republicanas para la educación de los menores en el nuevo Estado”, recalca Garzón.
En su libro, sin embargo, Rodríguez exigía algo que no reclama ahora Garzón pero que tendría que asumir la sociedad española en su conjunto cuando no su Gobierno en particular. Y es que se cree una Comisión Gubernamental de Búsqueda de los Desparecidos, con una Base Nacional de Datos Genéticos, con todas las salvaguardas legales, así como una fiscalía especializada como han reclamado con anterioridad organizaciones como Amnistía Internacional o el Equipo Nizkor. Y, ¿por qué no?, una Comisión de la Verdad sobre las víctimas del crimen contra la humanidad de desaparición forzada, con las atribuciones, composición y competencias que se reflejan en los principios ONU de lucha contra la impunidad.
Ignoro si Baltasar Garzón sigue siendo Peter Pan. Pero merece la pena rescatar a esos niños perdidos de las garras de Garfio, esto es, las del olvido.