Un sistema de desaparición de menores
Pero lo que queda meridianamente claro en dicha decisión judicial es que si hay una responsabilidad que parece extinguida, otra no lo está. Sobre todo, la que hace referencia a los secuestros con desaparición de personas y la sustracción a sus padres de menores a los que se dota de identidades falsas, ya que tales supuestos son delitos permanentes. Estamos hablando de “los niños perdidos del franquismo”, un caso concreto que no figuraba en las denuncias iniciales de las asociaciones de la memoria que conformaron las diligencias previas mediante procedimiento abreviado número 399/2006 de la Audiencia Nacional. A juicio de Garzón, "podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad". Cambios de domicilio, cambio de apellidos, adopciones ilegales. O sea, todo un ramillete de daños colaterales que añadir al debe de un régimen a quien no le tembló el pulso para exterminar a sus adversarios después de vencerles.
Aquellos secuestros, a tenor del auto de Garzón, “tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".

Si durante años la sociedad española contempló apasionada y compasivamente la peregrinación de las madres y de las abuelas de la Plaza de Mayo a la búsqueda de sus desaparecidos; o aplaudió la pesquisa personal de Juan Gelman en este mismo sentido, ¿cómo podremos volver la espalda a estos nuevos demonios que aparecen en el jardín de nuestro pasado inmediato y colectivo?

Ahora, a tenor del auto de Garzón, deben ser el Ministerio Fiscal y los jueces competentes quienes investiguen tales hechos, sancionen a los culpables y reparen a las víctimas, ofreciendo la posibilidad de que aquellos que estén vivos ya que el promedio de edad superará sin duda los 60 años, puedan obtener la recuperación de su identidad.

"En el caso de las víctimas que pueden estar vivas, se debe tomar muy en cuenta en la investigación los casos de aquellas personas que durante su primera infancia o preadolescencia, fueron "sustraídos" de sus madres naturales durante la guerra o, principalmente, tras la misma”, reza el auto, que a su vez subraya el hecho de que hasta ahora este asunto no haya merecido “la más mínima investigación".