El juez Garzón y la isla de los niños perdidos
Tiene razón Ian Gibson en comparar con un thriller escalofriante los 152 intensos folios del auto de inhibición del juez Baltasar Garzón a favor de diversos juzgados de Instrucción de algunas de las actuaciones contempladas en las diligencias previas de Procedimiento Abreviado en Sumario que abrió contra los crímenes del franquismo el pasado 17 de octubre. En ese mismo auto, declaraba extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento respecto de los delitos contra Altos Organismos de la Nación y de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad de: Francisco Franco Bahamonde y otros 44 militares y miembros de los primeros gobiernos de Franco. Lo que no es poco, si se tiene en cuenta que hasta ahora no había existido ningún pronunciamiento judicial que asociara la palabra delito a tan siniestros personajes de la historia española. En cualquier caso, y tal como puntualiza el magistrado, “no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política".

El mundo, entre otras cosas, se divide entre los detractores del superjuez y sus partidarios. Que no instruye bien, dicen algunos. Pero también decían que Curro Romero no mataba bien y sigue siendo considerado como uno de los grandes toreros de la historia. Pero aquellos que suelan tirarle almohadillas a Garzón tendrán que convenir, al menos en este caso, que nadie tiene la razón todo el tiempo ni tampoco nadie se equivoca siempre.

Es de lamentar que dicha decisión triture las esperanzas inmediatas de abrir una oficina nacional de desaparecidos, tal y como soñaba buena parte de la sociedad civil implicada en este asunto. Y si bien es cierto que embarcar la pelota de las fosas en el tejado de los juzgados de instrucción no resuelve el drama de muchas familias que siguen sin saber donde están los cadáveres de los suyos, el documento judicial supone una síntesis incuestionable de lo que fue la represión franquista, tanto durante la guerra como sobre todo durante la posguerra. Y no sólo abre vías oportunas para nuevas actuaciones ante la Justicia sino para la modificación de algunas cláusulas manifiestamente mejorables de la Ley de la Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 o, en su caso, acciones en paralelo que pudieran plantearse ante los parlamentos y gobiernos autonómicos. Tampoco el auto agota necesariamente otras vías como la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción en el mismo de miles de fusilados que fueron ocultados oficialmente por la dictadura.