Dejad que los reyes se acerquen al micrófono
Pierde el tiempo José Antonio Barroso, alcalde de Izquierda Unida en Puerto Real (sic), al poner al Rey de vuelta y media; basta con que se le acerque un micrófono a cualquier miembro de la primera familia de este país y subirán de una tacada los enteros de la causa republicana.

Los reyes están más guapos calladitos. Hasta ahora, el prestigio de dicha institución entre los españoles tenía mucho más que ver con sus silencios que con sus manifestaciones. A partir de la transición, el imaginario de la restauración monárquica necesitó prestigiar a su máximo referente. Así, había que romper definitivamente con el estereotipo del príncipe bobo que había urdido el exilio para desautorizar al heredero oficial del franquismo. Los pactos que hicieron posible la Constitución de 1978 intentaron borrar dicha caricatura para convertir al soberano en un icono incontestable que aunara, a izquierda y derecha, al núcleo central de la sociedad española y aislase a quienes abogaran por un cambio de régimen. Con sus luces y sus sombras, los sucesos del 23 de febrero de 1981 lejos de desacreditar a Juan Carlos I por la filiación monárquica de alguno de los militares que intentaron el Golpe, le confirmaron como un valedor de la libertad. A partir de entonces y así lo avalan todos los sondeos del CIS, la España republicana pasó a ser juancarlista.

Algún día, tendrían que darle al menos la Gran Cruz de Isabel La Católica al responsable de ese milagro de las relaciones públicas. No fue fácil evitar que apareciera ninguna foto robada de reyes, príncipes o parientes, bebiendo o comiendo, actividades que sin duda le equipararían al resto de los seres humanos y le restarían glamour sobrenatural. Para colmo, se maquillaron de tal forma sus pecados privados que llegaron a convertirse en virtudes públicas. Que Juan Carlos no era idiota lo supieron pronto todos aquellos que tuvieron la oportunidad de tratarle: así que frente a quienes insistían en denostarle por ello, se contrapuso su estampa de tenorio en motocicleta, muy acorde con el machismo ibérico que sigue teniendo clientela sociológica en nuestro país a pesar de los indudables avances en materia de igualdad durante las últimas décadas.

Pero, sobre todo, se guareció a la monarquía con una legislación proteccionista superior a la que cuenta la propia España, el Gobierno o las Cortes generales que, para qué engañarnos, es en donde tendría que residir plenamente nuestra soberanía: el propio monarca reconoció durante su visita a Cuba que no podía sentarse en el trono que dispusieron allí para un imposible viaje de Fernando VII, porque en tan limitado asiento no podrían caber 44 millones de españoles.

Así, en virtud de las infracciones previstas en el artículo 490.3 del actual Código Penal, mientras la tipificación de la injuria leve contra particulares es una falta, contra la corona es un delito. Y aunque se ha eliminado el supuesto de desacato, se entiende por injuria o calumnia contra la Corona y de la misma importancia, la que se haga "al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona". La penalidad difiere, pero puede llegar a penas de prisión de seis meses a dos años, si el tribunal considerase que son graves la calumnia o la injuria inferidas.

«El Borbón es hijo de un crápula. El Borbón de condición deleznable, el presente, no es menos deleznable de lo que su padre fue. Afectó al golpe de estado, despreciado por el tirano, al que reiteradamente le solicitó su incorporación al ejército faccioso. El Borbón es hijo de una persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable. No menos licenciosa que la de su esposa. El Rey señores, porque su procedencia lo es, es corrupto»; eso fue lo que dijo José Antonio Barroso durante un mitin republicano en la localidad gaditana de Los Barrios, durante el pasado mes de abril. Y es por ello por lo que el juez Grande Marlaska le ha abierto diligencias a instancias de la Fiscalía, que sin embargo pasó de puntillas sobre otros comentarios relativos a la implicación del monarca en una supuesta maniobra para salvar a Rumasa del atolladero en 1983.

Quemas de las fotos del Rey, portada de El Jueves, declaraciones de Otegui, de Anasagasti, comentarios jocosos en dos periódicos vascos sobre el oso Mitrofán… Durante los últimos meses, el ministerio público y la judicatura en España se muestran especialmente celosos en reactivar los mecanismos de protección legal a la familia real. ¿Estará en crisis la monarquía? Las encuestas no parecen indicarlo así y en cualquier caso a muchos republicanos nos gustaría derrocarla con la fuerza de las ideas y no con la de las palabrotas.

Por otra parte, numerosas organizaciones de periodistas y de la abogacía reclaman que se derogue la figura de ese primo de Zumosol con que cuentan los reyes como guardaespaldas penal: a nadie le parecería extraño que Juan Carlos de Borbón y Parma o cualquiera de sus familiares recurriesen, en tales casos, a la legislación convencional a fin de proteger su honor como cualquier hijo de vecino.

La legislación europea difiere lo suyo en este asunto, desde la hiperprotección de la monarquía danesa al let it be de la británica o, dicho de otra forma, el laissez faire de la presidencia de Francia, que cuenta con parecidas leyes de protección que las que existen en España para con la jefatura del Estado, sólo que no se ha recurrido a ellas desde 1965. La consolidada monarquía parlamentaria española tendría que estar por encima de la de Marruecos, que acaba de condenar a año y medio de prisión a un joven estudiante por escribir en la pizarra del Instituto la leyenda Allah (Dios), uatan (patria) y barça, en vez de Malik (Rey), parafraseando a una expresión tradicional. O, más cerca de la Europa democrática, el caso de Mónaco, en donde se reclamaron seis meses de prisión a un bloguero que colgó en Internet una foto del príncipe Alberto con nariz de payaso.

De mantenerse ese blindaje a favor de los reyes, ¿no sería posible que cualquier español, hoy por hoy, denunciara a la Reina por injurias a la soberanía popular al opinar como tal, en el libro de Pilar Urbano, en contra del espíritu de ciertas leyes que los propios españoles se han otorgado? Interesante hipótesis sobre el abuso de poder.